Isabel, la mujer que defiende el río por el que su esposo fue encarcelado
JODY GARCÍA
(GUATEMALA)
Era junio de 2015. El matrimonio conformado por Isabel Matzir y Bernardo Caal, y sus dos hijas viajaron 131 kilómetros desde Santa María Cahabón, en el departamento de Alta Verapaz ubicado al norte de Guatemala, hasta la Plaza Central de la capital del país.
Ese día miles de personas se reunieron para protestar y exigir la renuncia del entonces binomio presidencial Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, quienes semanas antes fueron vinculados a grandes casos de corrupción en su gobierno.
La familia Caal, indígenas Q’echies’, llegó a la capital del país para celebrar el séptimo cumpleaños de su hija más pequeña y también para participar en las manifestaciones ciudadanas.
“Teníamos claro que después de comer íbamos a ir a gritar a la plaza”, recordó Isabel Matzir.
Ese fue uno de los momentos más importantes de la familia Caal, pero especialmente para Isabel, quien tres años después heredaría junto a sus hijas, el trabajo de defensa del Río Cahabón que por años dirigió su esposo, Bernardo Caal.
Fotografía: Ana Cofiño
Con 196 kilómetros de largo, el Río Cahabón es uno de los más grandes de Guatemala, además atraviesa el departamento de Alta Verapaz, donde es la principal fuente de agua de las comunidades que lo rodean. En 2013 el Ministerio de Energía y Minas de Guatemala otorgó a la empresa Oxec una licencia para la construcción de una hidroeléctrica que utilizaría el caudal del río. Oxec es parte de Grupo Cobra, consorcio presidido por Florentino Pérez, también presidente del equipo de futbol español Real Madrid.
Once comunidades directamente impactadas por el proyecto se organizaron para oponerse, defender el recurso hídrico y exigir que se respetara su derecho a ser consultados previa, informada y libremente, como lo establece el Convenio 169 Organización Internacional de Trabajo (OIT). Bernardo Caal era uno de los rostros más públicos de este movimiento.
En enero de 2018, el líder indígena fue capturado y señalado de cuatro delitos, entre ellos la supuesta retención ilegal de trabajadores de la hidroeléctrica. Lo denuncióNetzone, S.A., empresa subcontratada por Oxec.
Diez meses después, en noviembre de 2018, Caal fue condenado a pasar ocho años en la cárcel, de los cuáles ha pasado 3 años y 10 meses.
Su caso fue revisado por la organización de defensa de derechos humanos, Amnistía Internacional, que concluyó que el Ministerio Público utilizó testimonios contradictorios para acusarlo, y que no analizó el contexto del conflicto entre la comunidad y la hidroeléctrica, ni el trabajo de defensa que realizaba el líder comunitario. Además, lo declaró un preso de conciencia y pidió a la Fiscal General de Guatemala, Consuelo Porras, que revisara el expediente y abriera una investigación en contra de los fiscales que estuvieron involucrados en el proceso.
Más de tres años después, Caal sigue en la cárcel, sus abogados presentaron acciones legales contra la sentencia, y ahora es Isabel y sus hijas las que dirigen la defensa del Río Cahabón y al mismo tiempo exigen que su esposo y padre sea liberado.
El PERMISO PARA OPERAR
El 7 de agosto de 2013 el Ministerio de Energía y Minas (MEM) de Guatemala publicó un acuerdo ministerial donde otorgó la autorización definitiva a Oxec para utilizar el caudal del río Cahabón por un periodo de 50 años. El permiso fue firmado por Erick Archila, entonces ministro, quien ahora se encuentra prófugo de la justicia por supuesto lavado de dinero mientras estuvo en el cargo.
La hidroeléctrica Oxec tiene dos plantas generadoras que impactan en once comunidades de Cahabón, Alta Verapaz, y según el MEM, cada una tiene capacidad instalada de generar cada año 104 mil kilovatios por hora. Según el expediente del permiso, al cual tuvo acceso Climate Tracker, Oxec invirtió en la primera parte del proyecto 63 millones 414 mil dólares y se construyó en 36 meses.
En el calendario de ejecución de la obras, presentado a la Dirección de Energía, se detalla que para la construcción la empresa desvió parte del río por seis meses e invirtió 4 millones de dólares para eso. Pero esos más de 67 millones de dólares en total son sólo una parte del costo total. Según los documentos, en total el costo del proyecto llegó a los a 143 millones 213 mil de dólares. Previo a instalarse, la empresa compró terrenos por una extensión de más de mil millones de metros cuadrados.
En un acta notarial y bajo juramento, la compañía se comprometió a no afectar el ejercicio permanente de otros derechos existentes, aunque no especificó a qué otros derechos se refería, sobre el aprovechamiento del cauce del río.
Fotografía: Jody García
Aunque los trámites para obtener el permiso iniciaron en 2012, la comunidad nunca fue consultada. Pese a eso, el MEM le entregó a la empresa un nuevo permiso. El 12 de febrero de 2015, el miniserio emitió un acuerdo para autorizar la construcción de la hidroeléctrica Oxec II, que tendría una capacidad de 45 MW y se instalaría en el municipio de Santa María Cahabón, Alta Verapaz.
Esto provocó que el 11 de diciembre de 2015, Bernardo Caal y demás miembros de las comunidades en la zona de impacto de Oxec presentaran un amparo en la Corte Suprema de Justicia, alegando que fue violado su derecho a ser consultados sobre el uso del río.
Tres años después, en enero de 2017, la Corte se pronunció a favor de las comunidades indígenas y ordenó al Estado de Guatemala que iniciara con el proceso de consulta con las aldeas Secatalkab, Pequixul, La Escopeta, Sactá Sector 8, Seasir, Salac 1, Pulisibic, Las Tres Cruces, Sactá y Chacalté.
Meses después, el MEM empezó a socializar información sobre las hidroeléctricas y según el expediente del caso, el 24 de noviembre de 2017, los representantes de las 11 comunidades “dieron su consentimiento a la construcción y operación” de la hidroeléctrica. A partir de allí, el MEM, la empresa y las aldeas firmaron un Acuerdo por la Paz y el Desarrollo Sostenible con compromisos de la compañía para no afectar el medio ambiente.
Mientras esto ocurría, Bernardo Caal estaba en prisión e Isabel Matzir, su esposa, empezaba a asumir el liderazgo en la defensa de su territorio, con una postura contraria a lo que el MEM afirma que logró.
LA DECISIÓN DE SALIR A LA VIDA PÚBLICA
Cuando Amnistía Internacional revisó el caso de Caal llegó a la conclusión de que era una víctima más de criminalización, que es el uso del derecho penal y el sistema de justicia para silenciar a defensores de derechos humanos y de los recursos naturales.
El Bufete de Derechos Humanos (BDH), que defiende a Caal, llevó el caso a la Corte Suprema de Justicia, dónde está pidiendo que se anule la sentencia y sea puesto en libertad. Las audiencias para hacer estos requerimientos han sido suspendidas decenas de veces por acciones legales emprendidas por empresas subcontratadas por Oxec.
Para Edgar Pérez, director del BDH y defensor de Bernardo Caal, el caso es indefendible desde un punto de vista técnico.
“Cuando la autonomía y la objetividad del Ministerio Público no se aplica y la imparcialidad de un juez no existe, es muy difícil hacer una defensa. El sistema judicial no es capaz de hacer investigaciones profundas y dictar sentencias imparciales sino que buscó un responsable, aunque nunca hubo uno porque no se cometieron delitos”, explicó en entrevista para este medio.
El expediente de Caal, aseguró Pérez, ha sido revisado por expertos académicos y legales que han detectado inconsistencias y faltas de la fiscalía. De acuerdo con el abogado, la captura de Caal provocó temor entre los defensores del Río Cahabón, que ahora también temen ser procesados.
“La presión viene de unos sectores que buscan que se utilice la ley penal para callar y someter a alguien que se atrevió a desafiar la imposición de un proyecto”, concluyó.
Cada vez que hay una audiencia, Isabel Matzir y María Caal, hermana de Bernardo, y otros miembros de su comunidad, viajan a la Ciudad de Guatemala para protestar frente a la Corte y denunciar que el río está desviado, que las comunidades no tienen agua y para exigir la liberación del líder indígena.
En esas manifestaciones, Matzir es una de las protagonistas. Antes de la detención de su esposo, ella evitaba las entrevistas y a los periodistas. Pero con su pareja en la cárcel, decidió alzar la voz.
Fotografía: Jody García
“Yo trataba de estar aislada de las cámaras, por seguridad de nuestra familia. Cuando lo capturaron, con Bernardo acordamos que si lo sentenciaban no había otro camino, no había otra opción más que hacerme pública, asumiendo los riesgos, sobre todo para nuestras niñas”, relató en entrevista para este reportaje.
Desde 2018, cuando Caal fue detenido, Matzir comenzó a dar declaraciones en nombre de su familia y de Santa María Cahabón. También empezó a comunicar los mensajes que su esposo le daba desde la prisión.
“No fue fácil empezar a visitar cárceles. Fue una etapa difícil. Pero había que defender nuestros espacios y necesitábamos explicar y dar nuestra versión de lo que estaba pasando”, describió Matzir.
Aunque ser la vocera de un movimiento era nuevo para ella, pronunciarse por sus derechos es algo que hizo desde que era joven. Matzir creció frente a un destacamento militar en Alta Verapaz, en los años más cruentos de la guerra interna en Guatemala, y desde allí conoció de cerca las injusticias, masacres y persecución a los pueblos indígenas. Eso la motivó a sumarse a organizaciones sociales desde joven.
“Fui interesándome en conocer a las personas que fueron víctimas de todas esas injusticias, conocer esos testimonios y sus luchas hizo que surgiera en mí un compromiso social”, dijo.
Entre 2002 y 2003 participó en sus primeras manifestaciones. Veinte años después todavía se expresa alzando la voz en la calle, pero ahora también utiliza las redes sociales para llegar a más personas.
Fue en los mismos movimientos sociales que conoció a Bernardo Caal. Matzir recuerda que estando embarazada participó en marchas por la defensa del agua y de su territorio.
Ante su nuevo liderazgo, las consecuencias negativas no se han hecho esperar, especialmente la violencia de género.
“Como mujer defensora se sufre un poco más porque lo primero que dicen, no solo dentro de las comunidades sino a nivel nacional, es que una acude a reuniones o manifestaciones para buscar un amante, que somos revoltosas y chismosas. Nos acusan de cosas que denigran y en esta sociedad machista a los agresores se les facilita hacerlo”, relató.
Matzir ahora cuida más sus pasos. Es más precavida de con quién habla y con quién se reúne. Además de defender su territorio, de pedir la liberación de su esposo y de criar a sus dos hijas, también debe proteger su reputación.
“Ya no se puede tener una vida normal, no se puede tener la tranquilidad de platicar con alguien porque hay desconfianza de que nos tomen fotos y videos que después sean manipulados o se divulguen para difamar. Que eso quede sin consecuencias expone más a las mujeres, nos vuelve más vulnerables”
Las estrategias de Matzir para protegerse de los ataques son principalmente de autocuidado, ya que el país no cuenta con mecanismos para resguardar la integridad de las defensoras.
“En este caso es tan difícil porque además tengo que ir a la prisión y no tengo forma de documentar las condiciones de las visitas”, contó.
Además, entre sus medidas de protección se incluye el uso de las redes sociales, especialmente ahora que sus dos hijas adolescentes empezaron a pronunciarse de forma pública.
“De una u otra forma ellas están inmersas en esta lucha. Ha sido muy importante que ellas lo han visto de forma natural, que saben que donde hay una injusticia hay que denunciar, no callar y tratar de manejar el miedo que existe”, dijo la defensora de la tierra.
El peligro para las y los defensores de derechos humanos es latente. La criminalización fue una de las principales preocupaciones para Matzir, ya que Guatemala es un lugar letal para quienes defienden la tierra y el ambiente. En 2020, la organización internacional Global Witness colocó al país en el sexto lugar del mundo con mayores asesinatos de activistas ambientales.
Aunque el 22 de abril de 2021, en América Latina entró en vigor el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, también llamado Acuerdo de Escazú, en términos reales, Guatemala no cuenta con herramientas para proteger a las y los defensores de derechos humanos y del ambiente.
El Acuerdo de Escazú es un instrumento regional que busca garantizar el acceso a la información y a la justicia en asuntos ambientales, Guatemala no lo ha ratificado.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala dijo Sara Son, de la Dirección de Comunicación Social del ministerio al medio Agencia Ocote, que el acuerdo está siendo analizado por la Presidencia, el Ministerio Público, el Ministerio de Ambiente y el Organismo Judicial. Después de recibir dictámenes, también tendría que ser analizado por el Congreso y tras recibir un dictámen del legislativo, ser aprobado o no por el presidente Alejandro Giammattei.
El acuerdo obliga al Estado a tomar las medidas que protejan y promuevan los derechos de los defensores ambientales. De ser ratificado, Matzir podría hacer su trabajo en condiciones menos hostiles.
Fotografía: Jordy García
POR QUÉ ES MÁS DIFÍCIL SER DEFENSORA
“Estoy consciente de que pueden inventarme delitos, asesinarme y secuestrarme. Sé que en el país se ha perdido toda credibilidad en el sistema de justicia”, dijo Isabel Matzir.
Su temor no es infundado. Según la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en Guatemala (Udefegua), durante 2020 en el país se registraron 1,055 agresiones contra personas, comunidades y organizaciones defensoras. Hasta julio de 2020 se han documentado 551 ataques. De ese total, el 42% es contra mujeres.
Los ataques van desde difamación, acoso, hostigamiento, denuncias, detenciones ilegales y arbitrarias.
Jorge Santos, director de Udefegua, dijo que según sus datos, las mujeres están más expuestas porque su trabajo es de “multidefensa”.
“La mujer defensora de derechos humanos tiene una multiplicidad de defensas que van desde posicionarse por su territorio y recursos naturales hasta la defensa de los derechos de las mujeres y de la niñez. También hay muchos casos donde al mismo tiempo están exigiendo justicia para su compañeros y compañeras criminalizadas”, explicó Santos.
En ese campo de acción, es que hay un incremento de las agresiones en contra de ellas y tienen connotaciones de género.
“Las mujeres se enfrentan a consideraciones patriarcales de sus actividades públicas. Si salen a manifestar para exigir sus derechos son sometidas a actos severos de difamación en redes sociales por su condición de género. La difamación tiene la lógica de intentar recluirla a su espacio privado”, dijo.
Matzir ha vivido esto. Ella relató que debe cuidarse de con quienes habla y convive porque pueden tomarle fotografías para luego intentar calumniarla en redes sociales.
Para Udefegua es necesario generar mecanismos de protección especiales para mujeres defensoras. Un ejemplo sencillo de la necesidad de estrategias particulares, es que cuando una mujer es atacada y por seguridad debe abandonar su territorio, no puede hacerlo sola. Siempre se debe buscar protección para ella y los familiares que están bajo su protección, es decir, hijos, hijas, padres, madres, abuelos, etc.
“En el sistema patriarcal, cuando es un defensor el que necesita salir temporalmente del área se le hace más fácil, lo hace solo ”, señaló Santos.
Los mecanismos que existen para proteger a las defensoras fueron creados por la misma sociedad civil. Resaltan las estrategias de autocuidado fomentadas por movimientos feministas.
Como una de las posibles medidas de protección para las y los defensores del territorio, Santos dijo que Udefegua es fiel creyente de que el Estado guatemalteco necesita y requiere firmar y ratificar el Acuerdo de Escazú.
EL FUTURO
Los pobladores de Santa María Cahabón siguen denunciando que la hidroeléctrica Oxec desvió una parte del Río Cahabón y que eso ha dejado a comunidades sin agua. En la lucha para que se garanticen sus derechos a un ambiente sano, se sumaron las dos hijas del matrimonio entre Isabel Matzir y Bernardo Caal.
Ambas adolescentes han heredado su lucha. El 11 de octubre de 2020, Nikte’ la hija mayor de la pareja, de 14 años, hizo su primera acción política de defensa. En esa fecha se conmemora el Día Internacional de la Niña, el cual aprovechó para publicar un video en las redes sociales de Bernardo Caal, donde compartió su experiencia de ser hija de un preso político.
“El Estado de Guatemala ha violado el derecho que tengo como niña de convivir con mi padre. Desde el año 2017 el Estado de Guatemala ha criminalizado y perseguido a mi padre Bernardo Caal. Exijo la libertad para el Río Cahabón, Río Oxec y para mi padre”, dijo Nikte’ en su video.
Fotografía: Jordy García
Su madre apoya sus pronunciamientos y sus primeros pasos como defensora.
“A mis hijas les ha tocado asumir responsabilidades muy grandes que no son comunes para la mayoría de las niñas de su edad. Se han formado en no esperar a que las llamen, ellas se pronuncian por las injusticias. La manifestación del 2015 me quedó grabada en la mente y en el corazón, porque no dejamos de lado el cumpleaños de mi hija, pero después nos fuimos a protestar”, relató Matzir.
El arresto de un líder comunitario no detuvo el movimiento por el Río Cahabón. Ahora la batuta la tienen mujeres y adolescentes que mientras protegen el ambiente, exigen al Estado la creación de nuevos mecanismos y adopción de los existentes que protejan efectivamente a las y los defensores.
Este reportaje fue publicado originalmente en La Cuerda el 16 de septiembre de 2021, como parte del proyecto “Defensoras del territorio” de Climate Tracker y FES Transformación.
Deja una respuesta