DefensorasNá Lupita, mujer de las nubes frente a las eólicas

Ná Lupita, mujer de las nubes frente a las eólicas

anaiz zamora y greta rico

(méxico)

Guadalupe Ramírez es una mujer que proviene de las nubes. La fuerza con la que defiende su territorio puede compararse con la que tiene el viento del Istmo de Tehuantepec, la región oaxaqueña, al sur de México, que habita y defiende. Además de custodiar la tierra, ella protege el aire capaz de volcar camiones cargados con 30 toneladas de mercancía, y que atrae a empresas transnacionales que bajo supuesto de crear energía sustentable, violan los derechos humanos que el Estado mexicano parece solo proteger en papel.


Originaria de uno de los poblados de la región: Unión Hidalgo, hace una década (a sus 60 años), Guadalupe comenzó un proceso autodidacta para aprender todo lo que pudiera sobre energía eólica, derecho internacional, derecho agrario, y obligaciones del Estado con las comunidades indígenas. Decidió que para enfrentar a las eólicas, tenía que estar informada. 

Al igual que los pueblos vecinos, Unión Hidalgo es una comunidad de indígenas zapotecas que se autonombran “Binni’zaa” (personas que provienen de las nubes), para referirse  a las mujeres de mayor edad, usan el apelativo de Ná. No sólo por su edad, sino también por su papel activo en varios procesos comunitarios. A Guadalupe le llaman “Ná Lupita” y muchas de sus compañeras la definen como una mujer valiente que inspira a las otras a seguir luchando. 

Hasta el momento acumula una gran victoria: lograr que Desarrollos Eólicos Mexicanos (DEMEX) no instalara ningún aerogenerador en sus terrenos. Además, este 2021, junto con su comunidad, Na Lupita, se enfrenta a Électricité de France (EDF), que  busca instalar el parque eólico Gunna Sicarú. Su defensa la ha hecho mediante dos procesos, una demanda ante un Tribunal Francés y un amparo que ordena a la Secretaría de Energía llevar a cabo una consulta indígena adecuada.  

Su resistencia  también es ante el Estado mexicano que ratifica acuerdos internacionales pero no los cumple. En la instalación de los parques eólicos de la región se ha violentado el  Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que garantiza el derecho de los pueblos indígenas  a la consulta previa, libre e informada. Para especialistas en derecho Internacional como, Alejandra Ancheita, el recién ratificado Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú), que entre otras medidas, busca proteger a  defensoras del ambiente para que puedan actuar sin amenazas e inseguridad, corre el riesgo de ser letra muerta. 

La señora Guadalupe Ramírez, de 70 años, lleva una década defendiendo su territorio de las empresas eólicas. Fotografía: Greta Rico

A finales de los años 90, “unas veletas muy chistosas” comenzaron a aparecer en el paisaje que Na Lupita veía cuando salía de su comunidad. Las torres con turbinas blancas se multiplicaron en la región rápidamente. En 1994, se instaló el parque piloto conocido como La Venta en Juchitán, un poblado a sólo 20 minutos de Unión Hidalgo. 

Fue hasta 2011, cuando ella y su esposo, Juan Regalado, supieron que eran aerogeneradores. Un día, DEMEX, empresa filial de la empresa española, Renovalia Energy ( que fue adquirida recientemente por el Fondo de Inversión Estadounidense Cerberus), y producto del “compromiso” de la panificadora Bimbo “de trabajar en un camino sustentable por un mundo mejor, al invertir en tecnología e innovación para reducir su huella ambiental”, tocó a su puerta y les ofreció un contrato de arrendamiento. Les prometía 15 mil pesos anuales a cambio de poder instalar aerogeneradores en sus terrenos. 

Dentro de las promesas también se incluía que podían seguir sembrando, pues la tierra no perdería su capacidad productiva y que el ganado podía seguir alimentándose. Ambos decidieron firmar porque “las mentiras que nos contaron no sonaban mal en un principio y nos dijeron que además sería en beneficio de la comunidad, en ese entonces no sabíamos que sólo nos contaron lo bueno del proyecto”, dijo Na Lupita en entrevista para este reportaje. 

Poco tiempo pasó para que Na lupita “se diera cuenta del engaño”. Comenzó a ver cómo la maquinaria pesada arrasaba con todo lo que encontraba, “no talaban los árboles, los destruían, no los dejaban ni para usarlos como leña”, cuenta Rosalba, una de las compañeras de resistencia de Lupita, quien cree que eso lo hacían para “destruir la evidencia de que tenemos mucha diversidad acá en la región”. La presencia de flora y fauna en el espacio donde se construyó el parque quedó verificada en el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto. 

Sumado a la tristeza que les provocaba ver cómo “en un ratito convertían en polvo los árboles que por tantos años habíamos cuidado”; otro de los descubrimientos que llevaron a Lupita y a su esposo a pedir que se cancelara el contrato fue cuando acudieron a Financiera Rural para renovar el crédito que les permitía comprar semilla de sorgo para siembra y encontraron que la empresa ya había hipotecado sus terrenos, como si fueran propietarios, para financiar la construcción del parque eólico de Piedra Larga, ubicado también en Unión Hidalgo.

Echar atrás esos contratos no fue sencillo, al no obtener respuesta de la empresa, quisieron dialogar con el gobernador de Oaxaca, todos los propietarios afectados se organizaron para alquilar un camión y recorrer juntos  las 6 horas que separan a Unión Hidalgo del centro del estado. Aunque fueron en dos ocasiones, el mandatario nunca los recibió. “Nos vimos en la necesidad de buscar a un abogado que nos ayudara, no solo fuimos nosotros, otros 20 propietarios también se inconformaron  y así nació el Comité de Resistencia”.

Juan Antonio López, coordinador de justicia transicional en ProDESC, es uno de los abogados que acompañan a la comunidad. Explica que desde 1954, Unión Hidalgo se declaró como una comunidad agraria, por lo tanto, las tierras no son propiedad privada, son comunales, lo que se traduce en que los contratos de arrendamiento no pueden realizarse por la vía civil, si no por la vía agraria. Esto no se ha realizado en ninguno de los 28 parques eólicos que ahora se encuentran en el Istmo oaxaqueño, pues implica que toda la comunidad esté de acuerdo con la construcción “eso no le conviene a ninguna empresa y por eso decidieron contratar notarios públicos que les ayudaran”, dice el abogado. 

Na lupita aprendió a defender la tierra desde muy pequeña, cuando su padre tuvo que enfrentarse “a una licenciada que le quería quitar todo lo que era suyo”,  su papá ganó y ella aprendió “que es posible ganar si no abandonas la lucha aunque se ponga difícil”.también a su padre la debe su carácter fuerte que le permite ser parte de la resistencia en una comunidad donde la participación política generalmente recae en los varones.

Cuando DEMEX llegó a Unión Hidalgo comenzó la formación autodidacta de Na Lupita. “Vaya ni siquiera habíamos oído que hay Convenios que nos protegen como pueblos indígenas”. Ella leía toda la información que ProDESC le enviaba y hacía “muchísimas preguntas para entender mejor”. Durante la construcción de los parques eólicos, Piedra Larga I y II, el Convenio 169 de la OIT, vigente en México desde 1990, fue completamente ignorado por el mexicano, pues ninguna consulta fue realizada. 

En 2013, Na Lupita dio su primera batalla legal, cuando los propietarios de la tierra, inconformes presentaron una demanda ante el Tribunal Unitario Agrario de Tuxtepec (Oaxaca) pidiendo la nulidad de los contratos que se habían firmado con DEMEX, argumentando que estos carecían de valor porque no se habían firmado por la vía agraria. Aunque en 2016 el magistrado reconoció que en Unión Hidalgo existe un régimen comunal, no favoreció a la comunidad, bajo el argumento de que a la empresa “no le avisaron de que ese régimen existía”, explicó el abogado. ProDESC se amparó ante la resolución pero hasta la fecha el proceso sigue sin respuesta.

Tanto la señora Guadalupe Ramírez, ‘Na Lupita’, como otras personas de la comunidad lograron que los aerogeneradores no se instalaran en sus tierras. Por ello, tanto en el parque de Demex como en otros del Istmo de Tehuantepec se observan espacios vacíos a lo largo del polígono eólico. Fotografía: Greta Rico


Na Lupita ya puede contar una victoria, justo antes de que el Tribunal Agrario emitiera ese primer fallo,  en 2015 DEMEX rescindió los contratos de 7 propietarios, incluida ella. 

“La empresa tuvo miedo de una sentencia que le resultara desfavorecedora y por eso rescindieron el contrato, no construyeron nada en esos terrenos, eso ya es un gran triunfo, y fue posible gracias a que ella se inconformó y se los contó a sus compañeros”, expresó Juan Antonio

Hasta la fecha, el rancho de la familia se encuentra rodeado de aerogeneradores pero no invadido. En lugar de torres metálicas, Na Lupita tiene sembradíos de sorgo, maíz y frijol, sigue viendo como crecen los árboles frutales que las gallinas ayudan a abonar y su animales cuentan con un amplio espacio para pastorear. 

En el Istmo, las rachas de vientos son comparadas con las ráfagas de huracanes de categoría dos y tres, la zona tiene el segundo mayor potencial de energía eólica del mundo. Esto lo saben bien las empresas que además de no compartir sus ingresos con las comunidades, tampoco comparten la energía que generan. También lo sabe el gobierno mexicano, que desde el sexenio del presidente Felipe Calderón no ha cesado de otorgar licitaciones. Por ello, el paisaje sonoro que anteriormente era dominado por las aves, ahora se integra por el incesante sonido que generan las aspas de los más de 2 mil aerogeneradores que se han instalado. 

“Si tú quieres pasar por acá, no se puede, tampoco por allá, tienes que darle la vuelta a todo el pueblo, hay vigilantes en todas partes, que cuidan las entradas a los parques eólicos, y eso que se supone que las tierras siguen siendo de los propietarios, a mí ya me tienen bien identificada”, cuenta Na Lupita mientras conduce su camioneta por el estrecho y único camino de terracería que ahora le permite llegar al rancho que defendió de la empresa española. En las veredas y caminos de Unión Hidalgo, los aerogeneradores se sienten más cerca que en otras comunidades del Istmo de Tehuantepec, hay algunos que se instalaron a menos de 800 metros de las viviendas. 

Mientras Na Lupita buscaba echar atrás su contrato, una empresa francesa ya estaba preparando su llegada a la población para instalar una nueva oleada de “fierros y ventiladores”. En 2017, la Comisión Reguladora de Energía emitió el permiso E/1922/GEN/2017 para que Electricité de France (EDF) pudiera generar energía eólica por 30 años. Para ese momento, según las etapas para la instalación de un parque eólico, la empresa ya contaba con los estudios que avalan el potencial energético y un estudio de impacto ambiental. Además, siguiendo el ejemplo de otras empresas eólicas, ya tenía firmados contratos de arrendamiento luego de cambiar la situación jurídica de la tierra de propiedad comunal a propiedad privada. 

Del proceso previo, Lupita había aprendido que esos contratos debían haber respetado el carácter comunal de la tierra y que la aprobación o negación del proyecto correspondía a la Asamblea de Comuneros. Desde que comenzaron a convocarse Asambleas y reuniones para hablar de este nuevo proceso, ella y su prima Rosario estuvieron presentes, decidieron tomar la palabra y participar activamente en la resistencia. Junto a otras compañeras integraron el Comité de “Mujeres Gubiñas en Defensa de la Vida” (gubiña es el gentilicio de Unión Hidalgo), desde el cual se organizaron para dar información a las personas de su pueblo, recorrer casa por casa cuando fuera necesario y traducir al zapoteco todo aquello que no se entendiera. 

Aunque generalmente realiza otras actividades durante el día, que incluyen los cuidados de su esposo que se ha ido enfermando más durante los años de resistencia, Na Lupita siempre ha estado dispuesta a ir a las reuniones informativas, pues no quiere que las empresas tomen ventaja de la desigualdad social.

“Sabemos que se aprovechan de la necesidad de la gente, llegan y dicen puras cosas bonitas, que les van a dar dinero y va a crecer el trabajo, pero no es cierto, lo único que crece es la delincuencia donde se instala un parque eólico”, explica la defensora de la tierra.  

Las estrategias de la empresa incluyen brindar información sesgada hasta dar dinero a algunos de los pobladores o ayudar a las escuelas para contar con el apoyo del alumnado. Esto ha provocado un ambiente de polarización entre las y los habitantes, debilitando el tejido comunitario, e incrementado el riesgo y la violencia contra quienes defienden el territorio; por ello la comunidad de Unión Hidalgo, acompañada nuevamente de ProDESC presentó en octubre de 2020, una acción legal bajo la “Ley Francesa de Vigilanciaque obliga a las empresas francesas a respetar los derechos humanos en otros territorios donde planean desarrollar un proyecto. 

Este hecho es histórico, pues es la primera comunidad indígena en América que utilizaría el mecanismo. Entre las resoluciones más favorables para Unión Hidalgo, no sólo estaría la cancelación del proyecto, si no también una reparación integral sobre las violaciones a derechos humanos que ya se han llevado a cabo. Na Lupita no habla francés, pero va a participar de la audiencia, pues su abuelita le enseñó a defender a quienes aún no pueden hacerlo y eso está haciendo en su pueblo. 

EDF ya ha dado una respuesta, argumentando que no ha violentado ningún derecho humano, pues quien está obligado a hacer la consulta es el gobierno mexicano. El primer intento del Estado por llevar a cabo esa consulta sin seguir a cabalidad los lineamientos que establece la OIT fue en 2017, se planeaba una consulta que durara únicamente 3 meses y en la que sólo participaran los propietarios. Lo que se sumó a que un sismo de 8.2 grados destrozó la comunidad el 7 de septiembre de ese mismo año. ProDESC presentó un amparo ante un Juez de Distrito que fue concedido y mediante el cual se ordenó a la Secretaría de Energía (SENER) realizar una consulta apegada a los más altos estándares del derecho indígena a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado.

“Hasta abril de 2018 volvieron otra vez con la consulta y siguieron aunque no todo estaba reconstruido”, cuenta Na Lupita en el patio de su casa que colinda con una vivienda que aún permanece en escombros después del sismo. 

De acuerdo con las Minutas de las Sesiones informativas de la Consulta a algunas de las pláticas acudieron alrededor de 41 personas que en su mayoría hablaban zapoteco, y a quienes se les presentaron en español todas las especificaciones técnicas y ecológicas del proyecto. 

“Llegaban, mostraban su presentación y se ponían a leer, imagínate en 30 minutos todo lo que una persona dijo, en una ocasión les dije, a ver si de todo lo que ya dijeron vamos a ir haciendo preguntas individuales, dígame qué cosa es la consulta, qué cosa es una eólica, qué es esto, (….) en ese momento todas las viejitas (a las que señalé)  bajaron la cabeza como cuando vamos a la escuela y no queremos que nos pregunte la maestra, así se vio”.


Na Lupita está convencida de que si en verdad se quisiera dar toda la información necesaria, los responsables de la autoridad deberían recorrer barrio por barrio, explicando a las personas y respondiendo las mismas preguntas una y otra vez. 

Durante el proceso de consulta se han registrado acciones que van en contra de los lineamientos que definió el amparo, por ejemplo, ha sido financiado por el gobierno local, ha contado con la participación de representantes de la empresa en el presidio y algunos trabajadores y estudiantes tienen la obligación de asistir a las sesiones. 

La pandemia de COVID-19 detuvo el procedimiento, pero desde julio de 2021, SENER quiere renovar el proceso sin considerar el aumento en los casos de contagios y el número de decesos que se han registrado en la región. 

“Muchas de las sesiones se han convertido en gritos e insultos, y hasta gente armada había ahí, luego se ponen a gritar cuando yo quiero tomar la palabra, pero yo me quedo ahí parada callada, con el micrófono en mano hasta que se callen y me escuchen (…) el proceso de consulta es muy importante para ver en qué quedamos con EDF”. 

A Na Lupita le preocupa que si EDF empieza la construcción “entonces van a empezar a venir las demás empresas que ya le echaron el ojo a Unión hidalgo”.

Lupita no tiene planes de abandonar el activismo, incluso ahora que la salud de su esposo ha empeorado y de que a los 69 años sufrió un pre-infarto. Todos los días despierta a las 5 de la mañana para que “le de tiempo de hacer muchas cosas”, y visitar su jardín que huele a jazmín todas las mañanas. A diferencia de las eólicas y algunos políticos, ella sabe que la tierra es noble, “nos dicen que las tierras no son fértiles, que era tierra inutil y que finalmente se iban a aprovechar por parte de las eólicas, pero eso no es cierto”, dice en el patio de su casa, donde las papayas crecen incluso en macetas. 

En su comunidad no solo defiende y promueve el cuidado y rescate de los bienes naturales, también es cautelosa veladora de las festividades religiosas, de las tradiciones ancestrales y del acompañamiento a otras mujeres que desean ser parte de la resistencia y de la lucha, “este es el trabajo que nos tocó y yo quiero seguir haciéndolo hasta que Dios me de fuerzas” 

Algunas personas aseguran que Lupita y sus compañeras se “oponen al desarrollo” y son “anti eólicas”, algunas otras usan los micrófonos para gritar y así no permitir su participación, unas más consideran que “andar detrás de Na Lupe es peligroso”. En una ocasión intentaron secuestrarla, a su esposo lo ataron dos veces en su propio negocio pero no robaron nada, consideran que se trató de una forma de amedrentarles. 

Pero ella no duda en poner todo lo que tiene a disposición del movimiento y su comunidad, desde su tiempo para cocinar, convocar o participar, su camioneta para que un grupo de vecinos o incluso periodistas puedan trasladarse o hasta su casa para que se lleven a cabo reuniones y conversaciones. Su patio es fiel testigo de ello, pues en él se apilan sillas suficientes para simular un pequeño auditorio de al menos 25 personas. 

Esa entereza y disposición también estuvo presente en el sismo de 2017, cuando la comunidad quedó destruida y su camioneta se utilizó para dormir en la calle, ir a buscar víveres y alimentos a la comunidad más cercana y transportar herramientas y material necesario para ayudar a quienes habían perdido todo.

Cuando una organización donó una cocina comunitaria para Unión Hidalgo, Na Lupita no dudó en aceptarla y en permitir que se construyera en uno de sus terrenos. En esa cocina se llegaron a ofrecer hasta 100 desayunos y 100 comidas diarias a quienes hacían las labores de reconstrucción y posteriormente sirvió como fuente de ingresos para algunas de las mujeres organizadas. La pandemia detuvo el proyecto del comedor, pero abrió una ventana para usar el espacio como centro de información a la comunidad sobre la COVID-19.

Quienes la han acompañado en su proceso de desarrollo, consultadas para esta historia, la han visto incluso presentar su caso en instancias internacionales y nacionales de defensa de derechos humanos, consideran que ha crecido, que perdió el miedo a tomar la palabra, pero que la falta de respuesta y de resolución del caso le ha generado un desgaste fuerte en términos emocionales y familiares. 


Este reportaje fue publicado originalmente en El País el 7 de septiembre de 2021, como parte del proyecto “Defensoras del territorio” de Climate Tracker y FES Transformación.



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